Argentina se incorporó este año al grupo de los 10 peores países para los trabajadores, luego de descender a la categoría 5, en un contexto marcado por el segundo año consecutivo de deterioro en su calificación. 

Así lo señaló el último Índice Global de los Derechos 2026, elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la central sindical más grande del mundo, que sostuvo además que las condiciones para los trabajadores y las organizaciones sindicales se han vuelto cada vez más restrictivas durante la gestión del presidente Javier Milei.

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Según el documento, desde su llegada al poder en 2023, la administración libertaria impulsó una serie de medidas que debilitan los derechos laborales en favor del sector privado. Entre ellas, se mencionan la eliminación de ámbitos de diálogo social y flexibilizaciones laborales que, de acuerdo con el informe, afectan la negociación colectiva y el derecho a la protesta.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Milei, con apoyo de gobernadores y parlamentarios provinciales, y lo definió como un “ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”. 

La central obrera sostuvo que la iniciativa se basa en una visión que considera al trabajo como un costo a reducir y no como un derecho protegido por la Constitución y los tratados internacionales.

Entre los principales cuestionamientos, la CGT señaló que la propuesta amplía la aplicación de servicios mínimos obligatorios a una mayor cantidad de actividades consideradas esenciales durante los conflictos laborales. También advirtió sobre la incorporación de limitaciones que, a su entender, reducen la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones laborales, indicó el CSI.

El informe también puso el foco en los cuestionamientos a las medidas adoptadas por la Casa Rosada en relación con las protestas sociales. De acuerdo con el documento, se otorgaron mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones y se incorporaron mecanismos que podrían desalentar la participación en protestas, especialmente en áreas consideradas productivas.

Asimismo, se mencionó que durante las protestas registradas en 2025 hubo más de 1.350 personas heridas, entre ellas jubilados y dirigentes sindicales. El reporte también hace referencia al caso de Federico Giuliani, secretario general de la seccional Córdoba de la Asociación de Trabajadores del Estado-Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (ATE-CTA A), quien fue detenido durante un operativo policial en agosto de 2025 y posteriormente abandonó el país tras obtener la condición de refugiado político.

El papel de la Justicia nacional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de per saltum (salto de instancia) presentado por el gobierno libertario para que el máximo tribunal definiera de manera directa la validez de los artículos de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), consignó el diario "La Nación".

El máximo tribunal dijo que es “inadmisible” el pedido de la Procuración del Tesoro para aplicar el per saltum. Fuentes judiciales calificaron de “inoficioso” el tratamiento, porque el expediente ya está tramitando a nivel de las cámaras de apelaciones Contencioso administrativo y Laboral, no en primera instancia.

El caso había cobrado relevancia luego de que el juez de primera instancia Horacio Ojeda declarara la inconstitucionalidad de 81 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral. 

No obstante, esa resolución fue posteriormente revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la plena vigencia de la reforma. Actualmente, el expediente continúa tramitándose en forma paralela en los fueros Contencioso Administrativo y Laboral.